La crisis actual de precios de los combustibles, agravada por conflictos geopolíticos, nos recuerda la profunda vulnerabilidad de nuestras economías ante la dependencia de combustibles fósiles. Países que han avanzado en fuentes energéticas renovables y reducido importaciones fósiles enfrentan esta coyuntura con mayor resiliencia, evidenciando que la transición energética trasciende lo climático para convertirse en una necesidad urgente de derechos humanos, seguridad global y soberanía territorial.
El alza en los precios del petróleo revela la brutalidad de transiciones no planificadas con una óptica que salvaguarde principios de justicia social. Esto es particularmente sensible porque cuando los cambios son abruptos, las comunidades más vulnerables resienten sus bolsillos, dado que los elevados costos repercuten en agricultura, seguridad alimentaria, el pan, el transporte básico, aumentando así el estrés doméstico generalizado, mientras los paquetes gubernamentales insuficientes e inmediatistas ignoran estas cadenas de impactos financieros cotidianos. Además, la reducción del rol estabilizador del Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (MEPCO) expone la vulnerabilidad chilena aún importante a la volatilidad del mercado fósil. Claramente, los subsidios indiferenciados no responden a la diversidad de fuentes energéticas territoriales ni resuelven la asequibilidad real, que exige enfoques diferenciados por región y demanda específica, recordando que lo que se arriesga no es solo el consumo, sino el ejercicio mismo de derechos fundamentales.
Existe el peligro de que los gobiernos aceleren la exploración fósil, ocupados de encontrar nuevas reservas de gas, flexibilizando criterios ambientales, aplazando metas climáticas y profundizando así la dependencia del modelo fósil. La decisión de mantener este modelo de gobernanza energética, cada vez más cuestionado por sus fallidas experiencias históricas e internacionales, lo hace estructuralmente más inestable frente a los shocks geopolíticos, económicos y ambientales, en tanto ignora urgencias locales donde previsiones mínimas, no bastan. La voluntad de alejarse de modelos centralizados y dependientes, reduce los riesgos de reproducir desigualdades en una transición renovable cada vez más cuestionada, debido a la concentración de grandes proyectos corporativos, cadenas de suministro de minerales críticos concentradas en pocos países, sostenidos en infraestructuras de transmisión vulnerables y vertimientos de combustibles amenazantes, todos los cuales están asociados a una escasa resiliencia ecosistémica, mientras la volatilidad financiera frena inversiones e iniciativas de cooperación internacional para el desarrollo.
A diferencia de crisis pasadas, hoy hay alternativas reales. Este momento abre una oportunidad histórica para reflexionar sobre el modelo energético chileno y convocar a la ciudadanía a un rol protagónico en una transición no solo institucional, sino ciudadana. Urge priorizar la soberanía energética distribuida, donde comunidades generan, gestionan y consumen su energía de forma autónoma y resiliente, posicionando al autoconsumo y comunidades energéticas como refugios energéticos frente a shocks externos, con costos predecibles fuera de la volatilidad internacional.
Llamamos a los equipos tomadores de decisión gubernamentales y estatales para que encaucen sus esfuerzos en impulsar subsidios focalizados en Energías Renovables No Convencionales (ERNC) locales con financiamiento accesible para proyectos con escalas situadas, abordables por sus redes de producción de origen, los que generen efectos directos en economías locales, considerando además su precio más bajo y predecible frente a los combustibles fósiles. El solo hecho de avanzar hacia una soberanía energética justa y autónoma no es solo ambiental, sino económico y social. Esta es una tarea urgente para evitar futuros colapsos. Desde el Grupo de Acción por la Energía Ciudadana (GAPEC) llamamos a transformar esta crisis en una oportunidad de construir proyectos distribuidos, a
escala local, participativos, y por ende sostenidos en una red más resiliente y colectiva.
Grupo de Acción por la Energía Ciudadana (GAPEC).
Chile, Abril, 2026.
Firman:
- ONG Energía Colectiva
- Fundación Ecosur
- Fundación Chile Sustentable
- Red de Pobreza Energética
- Instituto de Ecología Política
- Red Ecofeminista por la Transición Energética
- Fundación Energía para Todos
- ONG FIMA